DEBATE: La jubilación intelectual es discriminatoria

Presumir un estado de inhabilitación en los docentes mayores de 65 ofende a toda la sociedad

El rector y los decanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han salido en estos días a intentar justificar la jubilación compulsiva de los profesores mayores de 65 años. Después de leer sus explicaciones, me permitiría recordarles la expresión: No aclaren que oscurece.A través de una solicitada publicada en los diarios y con el propósito de poner claridad sobre el tema, el rector y los decanos de la UBA juran que no existe discriminación en la medida adoptada, ya que: a) se toma para garantizar los máximos niveles de excelencia y calidad y b) no existe la discriminación, en tanto ésta consiste en el trato desigual a quienes se encuentran en iguales circunstancias o cuando carece de causas objetivas o razones sustanciales. De lo que se desprende que la UBA entiende que: a)las personas mayores de 65 años no garantizan el nivel de excelencia y calidad intelectual que supuestamente tienen los menores de 65 años y que b)la edad implica una alteración de las circunstancias y se convierte en una causa objetiva o una razón sustancial que explica el trato desigual.Como se verá, las autoridades de la UBA ratifican, subrayan y justifican una actitud abiertamente discriminatoria. Porque, si se tratara de competir en el máximo nivel de disciplinas como el atletismo o el canotaje vaya y pase, pero recurrir a la edad para defender un trato desigual en materia intelectual no encuentra otro trasfondo más que el prejuicio y la discriminación.Prejuicios injustificablesLa presunción de un estado de inhabilitación psíquica, física o intelectual de los docentes que han cumplido 65 años representa una grosería de tal magnitud que ofende, no sólo a los docentes involucrados sino a toda la sociedad argentina. Quisiera sí recordar un ejemplo que demuestra la zoncera de las autoridades de la UBA: tres meses atrás en la cátedra de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho, de los nueve docentes que se presentaron para concursar por el cargo de profesor titular, fueron seleccionados cuatro; de esos cuatro, tres (Mariano Grondona, Tulio Ortiz y Arturo Pellet Lastra) ya cumplieron 65 años y, por ende, la doctrina Shuberoff los expulsaría de la facultad. Vaya un dato final para el asombro de las autoridades universitarias: los cinco docentes que perdieron el concurso sí eran menores de 65 años.Paralelamente a la solicitada de la UBA, el decano de Ciencias Sociales, Fortunato Mallimacci, escribió un artículo publicado en esta sección. Al referirse al tema en cuestión, asegura que el Gobierno nacional castiga a los pobres, jóvenes, inmigrantes, etcétera y también a los jubilados y a los docentes. Es decir, que es, en buen castellano, una porquería, y que las autoridades de la UBA luchan contra él. ¿Y respecto de la medida tomada contra los docentes? Mallimacci se limita a sostener que no hay discriminación y que en la UBA son reglamentaristas ya que no están haciendo otra cosa que aplicar el Estatuto Universitario del año 1958.Lo que no dice Mallimacci es que la medida sustentada en ese Estatuto representa una violación manifiesta a los artículos 14, 14 bis, 16 y 28 de la Constitución Nacional, así como a las leyes 23.592 y 24.782 que sancionan los actos discriminatorios y el no respeto del principio de igualdad ante la ley, y a distintos convenios internacionales que gozan en nuestro país de jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75 de la Carta Magna. No es lo único que no dice Mallimacci: también calla que el mentado Estatuto se inspiraba en las disposiciones reglamentarias de un gobierno anticonstitucional como fue el de la Revolución Libertadora, que en materia universitaria bien puede considerarse como fuente de la doctrina Shuberoff.A tal punto que en el artículo 32 del decreto 6.403 redactado por ese gobierno, sobre requisitos para los concursantes a titulares de cátedra, se especificaba que no serán admitidos al concurso quienes hayan realizado actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura, que comprometan el concepto de independencia y dignidad de la cátedra. Por si no resultara claro, un antecesor del rector Shuberoff, José Luis Romero, explicaba que el veto se refería a los que hayan propuesto o participado en actos individuales o colectivos encomiando la obra de la dictadura, realizados dentro o fuera de la Universidad, invocando o no su condición de universitarios. De más está decirlo, la dictadura de referencia era un gobierno elegido y reelegido por las mayorías populares en ejercicio de su soberanía política. Al recordar estos hechos, espero no estar cometiendo la imprudencia de dar nuevas ideas a las autoridades actuales de la UBA para seguir discriminando. Finalmente, y ante la eventualidad de nuevas aclaraciones y justificaciones sobre lo injustificable, me permito reiterarles el consejo del comienzo: No aclaren que oscurece.

Clarin