PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 698/2017

Al colectivo de la discapacidad:

CONVOCATORIA A LA UNIDAD EN DEFENSA DE NUETROS DERECHOS

El Decreto 698/2017, recientemente sancionado,  merece los siguientes comentarios.

I.- Se dictó sin la participación de la sociedad civil: no fueron consultados ni el Comité Asesor de la CONADIS, ni el Comité Ejecutivos del COFEDIS ni el COFEDIS. Tampoco participaron organizaciones de personas con discapacidad: FAICA, FAS ni ASAM, APAdeA, ASDRA, APEBI, etc.

En consecuencia es inconstitucional por violar el artículo 33 de la Convención

II.- No incluye la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones[1].

En consecuencia es inconstitucional por violar el artículo 33 de la Convención.

III.- No hay referencias a la administración de las leyes 22.431, 24.901 y 25.730 y la participación de la sociedad civil en la misma.

En consecuencia es inconstitucional por violar el artículo 33 de la Convención.

IV.- Dentro de los diez días de sancionado, el decreto debe ser aprobado por la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO – LEY 26122.

En este link están sus 16 integrantes: http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/cbtlegislativo/integrantes.html

V.- PROPUESTA

  1. a) Impulsar desde la sociedad civil que se rechace el Decreto 698/2017.
  2. b) Presentar, desde la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y con la mayor cantidad de firmas de Diputados, un proyecto de ley que contemple la misma estructura[2] y las mismas funciones que el Decreto 698/2017 establece para la discapacidad con los siguientes agregados:

1.- El Director de la Agencia será asistido por un Comité Asesor integrado de la siguiente manera:

– 6 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, una por tipo de discapacidad[3].

– 3 representantes de organizaciones de padres, madres y familiares de personas con discapacidad.

– 3 representantes de organizaciones para personas con discapacidad, una por tipo de actividad (salud, educación y asistencia).

– 3 personas con discapacidad, elegidas por las personas con discapacidad que tengan certificación en los términos de la Ley 22.431 y se inscriban en un registro especial.

– 24 personas con discapacidad en representación de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, elegidas por las organizaciones de la sociedad civil de esas jurisdicciones.

2.- El Consejo Asesor tendrá como función, además de intervenir en los temas relativos a las leyes 22.431, 24.901, 25.730 y legislación concordante, la de aprobar o rechazar los actos realizados por el director[4].

3.- A las funciones propuestas[5] de la Agencia, se agrega la siguiente:

– Aplicar multas por incumplimientos en la normativa relativa a la discapacidad[6].

VI.- Si fuera posible llegar a un acuerdo, también se debería lograr que se incluya en esta norma:

– Igual representación para la sociedad civil en el Consejo Federal de la Discapacidad[7].

– La compatibilidad del trabajo registrado con cualquier beneficio previsional o asistencial de cualquier origen para las personas con discapacidad certificada.

– La obligatoriedad de un cupo del 2 % de personas con discapacidad en el sector privado.

– La aprobación de beneficios impositivos para las empresas y personas que contraten a personas con discapacidad.

VII.- La presente propuesta está abierta a los aportes del colectivo de la discapacidad.

Este es el tercer borrador e incorpora los aportes recibidos hasta el 18 de setiembre de 2017.


[1] Nótese que las funciones del nuevo Instituto Nacional de la Mujeres, sí nombra a las organizaciones de la sociedad civil.

[2] ARTÍCULO 1°.- Créase la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional, cuyas funciones se detallan en PLANILLA ANEXA al presente artículo que forma parte integrante del presente decreto.
La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia.

[3] Auditiva, motriz, visceral, visual, intelectual y sicosocial. Podrían ser 5, unificando las dos últimas.

[4] COMO ANTECEDENTE, la Ley de Cine Nº 17.741, modificada por la Ley 24.377, artículo 4 dice:

El Consejo Asesor tendrá como funciones aprobar o rechazar los actos realizados por el director, ejercidos de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 3º, en los incisos a), g), k), l), y n), y designar comités de selección para la calificación de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios de esta ley; los que se integrarán con personalidades de la cultura, la cinematografía y artes audiovisuales.

[5] 1. Elaborar y evaluar la ejecución de un plan nacional de inclusión para personas en situación de discapacidad.
2. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer de manera plena sus derechos.
3. Impulsar adecuaciones normativas tendientes al ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
4. Diseñar y proponer programas nacionales que contemplen las áreas de prevención, promoción, asistencia, protección y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad y promover la articulación intersectorial a efectos de coordinar acciones y programas.
5. Coordinar la elaboración de las iniciativas que en materia de discapacidad proyecten las áreas competentes, manteniendo un permanente análisis sobre el desarrollo de las que se aprueben.
6. Evaluar el cumplimiento de la Ley N° 22.431 y sus modificatorias, y demás instrumentos legales y reglamentarios relacionados con las personas en situación de discapacidad y analizar la pertinencia de la sanción de normas complementarias o modificatorias que resulten indispensables para el logro de los fines perseguidos, en coordinación con todos los organismos competentes.
7. Formular, planificar y coordinar las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito de la Nación el otorgamiento y/o denegatoria de pensiones no contributivas por invalidez y las emergentes de la leyes especiales, dentro del marco de las políticas emanadas del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
8. Formular políticas públicas relacionadas con la situación de discapacidad y conforme a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de discapacidad.
9. Gestionar políticas públicas inclusivas y estrategias de desarrollo local inclusivo, a través del trabajo intersectorial y territorial para mejorar la oferta pública y privada, en el ámbito de su competencia.
10. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o jurídicas que realicen acciones a favor de las personas en situación de discapacidad.

[6] El Régimen de infracciones y sanciones se basa en el aprobado por la Comisión de Discapacidad en el dictamen a la nueva ley de discapacidad, Proyecto 2115 D 2016.

[7] Actualmente la representación oficial es por provincia y CABA (son 24) y las ONG por región (son 5). Perdemos siempre.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS Y ANEXOS DEL DECRETO 698/2017

Se propone que el proyecto de Ley modifique el Decreto de Necesidad y Urgencia en los siguientes puntos, sin perjuicio de lo indicado en el último punto del presente:

I.- El artículo 2º queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2°.- La conducción de la AGENCIA FEDERAL DE DISCAPACIDAD estará a cargo de UN (1) Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y UN (1) Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario, ambos designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

  1. a) Seis representantes de las organizaciones de personas con discapacidad conforme el siguiente detalle:
  2. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad visual.
  3. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva.
  4. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad motriz.
  5. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad visceral.
  6. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual.
  7. Un/una representante de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial.
  8. b) Tres representantes de organizaciones de padres, madres y familiares de personas con discapacidad.
  9. c) Tres representantes de organizaciones para personas con discapacidad, una por tipo de actividad (salud, educación y asistencia).
  10. d) Tres personas con discapacidad, elegidas por las personas con discapacidad que tengan certificación en los términos de la Ley 22.431 y se inscriban en un registro especial.
  11. e) Veinticuatro personas en representación de cada una las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, elegidas por las organizaciones de la sociedad civil de esas jurisdicciones.

El Consejo Asesor tendrá como función, además de intervenir en los temas relativos a las leyes 22.431, 24.901, 25.730 y demás normas relativas a la discapacidad, la de aprobar o rechazar los actos realizados por el Director.

II.- El artículo 3º queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3°.- El Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

  1. Ejercer la representación y dirección general del organismo, y actuar en juicio en temas de su exclusiva competencia. Sistema Argentino de Información Jurídica
  2. Efectuar la gestión económica, financiera, patrimonial y contable y la administración de los recursos humanos del organismo.
  3. Aprobar el plan operativo anual y estratégico del organismo.
  4. Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del organismo.
  5. Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto del organismo, y elevar el anteproyecto de presupuesto.
  6. Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados nacionales o extranjeros.
  7. Requerir de los distintos organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus objetivos
  8. Aplicar las sanciones establecidas en el Régimen de Infracciones y Sanciones que se aprueba como anexo al presente inciso
  9. Confeccionar y publicar la Memoria Anual del organismo.
  10. Participar, en coordinación con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a materias de su competencia.
  11. Celebrar acuerdos con instituciones o empresas para brindar capacitación y puestos de trabajo a personas con discapacidad.
  12. Delegar en el Subdirector u otros funcionarios jerárquicos del organismo funciones administrativas destinadas a una mayor eficiencia y agilidad operativa.

III.- Se agrega como Anexo al artículo 3º lo siguiente:

ANEXO AL ARTÍCULO 3

Régimen de Infracciones y Sanciones[1]

Artículo 1.- Infracciones.- Son infracciones a los deberes y obligaciones que se establecen en la legislación referida a discapacidad:

  1. a) La omisión de la provisión del sistema de apoyo, de ajustes razonables y ajustes de procedimientos.
  2. b) El incumplimiento de remitir información, recibos, estados de cuentas y demás documentación en medios y formatos accesibles a los usuarios con discapacidad que lo soliciten.
  3. c) No implementar los medios accesibles para la obtención de servicios de emergencias, o de información, o de comunicación,  para realizar denuncias por emergencias, o por ser víctimas de delitos.
  4. d) El incumplimiento de:
  5. Brindar y adecuar propuestas pedagógicas que promuevan la autonomía de las personas con discapacidad;
  6. Asegurar la permanencia de las personas con discapacidad en instituciones de educación común y todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, cuando sea requerido;
  7. e) No brindar accesibilidad en:
  8. Instalaciones Educativas,
  9. Materiales de Estudios del ámbito de educación, materiales didácticos,
  10. Instalaciones Deportivas,
  11. Instalaciones y Servicios de Centros de Detención,
  12. Transportes.
  13. Tecnologías de la Información y Comunicación y Medios de Comunicación.
  14. f) El incumplimiento del cupo de empleo para personas con discapacidad.
  15. g) La omisión de las reservas de vacantes en el Estado Nacional.
  16. h) La omisión del cumplimiento de la prioridad en compras e insumos por parte del Estado Nacional.
  17. i) La negativa a permitir el acceso o permanencia de una persona con discapacidad en un establecimiento de uso público, cualquiera sea su naturaleza, por motivos de discapacidad.
  18. j) La omisión de la elaboración y aplicación de Protocolos de evacuaciones de personas con discapacidad en situaciones colectivas de emergencias críticas de cualquier naturaleza.
  19. k) El incumplimiento de la exención del peaje, del libre tránsito y estacionamiento.
  20. l) No considerar las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en el otorgamiento o prórroga de concesiones, habilitaciones y aprobación de los expedientes técnicos de obra.
  21. ll) La omisión de incluir expresamente el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en los pliegos para la selección de contratación de bienes, servicios u obras por parte del Estado.
  22. m) La omisión de incluir la previsión de recursos para el cumplimiento de las normas de accesibilidad por parte de los funcionarios gubernamentales responsables de la elaboración de los presupuestos de los distintos niveles y sectores del Estado.
  23. n) La entrega de información falsa a la Agencia Federal de la Discapacidad.
  24. o) El incumplimiento de la obligación de asegurar el acceso a una prestación o servicio de salud.
  25. p) El incumplimiento del pago por las prestaciones de discapacidad cuando ello pusiera en peligro la continuidad de las mismas en las condiciones en las que se venían desarrollando.
  26. q) El incumplimiento de la obligación de respetar y aplicar la compatibilidad de los beneficios previsionales o asistenciales con el trabajo registrado.

Artículo 2.- Sanciones.-  Las sanciones que deban aplicarse por el incumplimiento a la legislación referida a discapacidad y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde.

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán provisoria y supletoriamente las siguientes sanciones, que corresponden a la jurisdicción nacional:

  1. a) Apercibimiento.
  2. b) Multa entre diez (10) y mil (1.000) salarios, mínimo vital y móvil establecido por el Consejo del Salario.
  3. c) Ejecución de acciones reparadoras de la conducta infractora orientadas a la inclusión de personas con discapacidad.-

Artículo 3.- Procedimiento Sancionatorio.- Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se cometió la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.

El producido de las multas se destinará al financiamiento de políticas públicas en materia de discapacidad.

Artículo 4.-  Garantía de Participación en el Proceso de Formulación de Denuncias.-  Las jurisdicciones locales fijaran un procedimiento mediante el cual se podrán formular las denuncias a las infracciones establecidas en el artículo 1 y cualquier otro incumplimiento de las disposiciones que se establecen en la legislación referida a discapacidad y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,  que deberá garantizar:

  1. a) la gratuidad en las actuaciones;
  2. b) una respuesta oportuna y efectiva;
  3. c) Que el denunciante pueda participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
  4. d) que pueda recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en la presente ley;
  5. e) la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
  6. f) participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
  7. g) recibir un trato humanizado, h) la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados.-

Artículo 5.- Obligación de Denunciar.- Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de discriminación por discapacidad, en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular denuncia del hecho por ante la Agencia Federal de Discapacidad.

Si fuera posible llegar a un acuerdo, también se debería lograr que se incluya en esta norma:

– Igual representación para la sociedad civil en el Consejo Federal de la Discapacidad[2].

– La compatibilidad del trabajo registrado con cualquier beneficio previsional o asistencial de cualquier origen para las personas con discapacidad certificada.

– La obligatoriedad de un cupo del 2 % de personas con discapacidad en el sector privado.

– La aprobación de beneficios impositivos para las empresas y personas que contraten a personas con discapacidad.

SOLO LA UNIDAD FRENARÁ EL AJUSTE PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NADA ACERCA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS

[1] El Régimen de infracciones y sanciones se basa en el aprobado por la Comisión de Discapacidad en el dictamen a la nueva ley de discapacidad, Proyecto 2115 D 2016.

[2] Actualmente la representación oficial es por provincia y CABA (son 24) y las ONG por región (son 5). Perdemos siempre.

 

Dr Pedro Avalos

ONG CAPACES