Conflicto sobre el transporte a discapacitados en escuelas


Se dio a conocer el Dictamen de SOS Discriminación Internacional repudiando la Resolución N° 453/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad que pretende provincializar el transporte para personas con discapacidad con la consecuente pérdida de derechos y violación de normas constitucionales. El recorte presupuestario afecta a miles de personas que sufren distintas discapacidades y no podrán acceder a distintos beneficios sociales. El dictamen:

VISTO:
La Resolución 453/18 firmada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad que pretende instrumentar a partir del 1° de enero de 2019.
La Ley N° 24901 del Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de la atención integral a favor de las personas con dcapacidad. is
La Ley Antidiscriminatoria 23.592 que sostiene en su artículo Primero que se deje sin efecto todo acto discriminatorio que impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y que se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Y La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con rango constitucional.

Y CONSIDERANDO

Que la mencionada Resolución 453/18 impone la provincialización del transporte para los beneficiarios del programa Incluir Salud, dejando a miles de discapacitados sin transporte para dirigirse a los Centros educativos, deportivos, sociales, de salud y rehabilitación.
Que la pérdida del transporte, trae como consecuencia la perdida de la prestación institucional, debido a la imposibilidad de traslado de muchos de los beneficiarios del programa.
Que no es la primera vez que la Nación cede funciones y responsabilidades a las Provincias pero siempre ha sido con las partidas presupuestarias para garantizar la continuidad de los servicios respectivos.
Que esta medida se intenta implementar, a pesar de que no todas las provincias firmaron la adenda para poner en funcionamiento esta mecánica.
Que hasta la fecha ninguna provincia tiene establecida cuál va a ser la metodología administrativa para la aplicación de este sistema.
Que las provincias no llegan a cubrir insumos tales como medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, etc. Menos aún están en condiciones de cubrir los gastos del transporte, por lo que el ajuste se hace nuevamente por el sector más débil y menos protestatario.
Que en este contexto resulta inviable que estuviesen en condiciones operativas para dar cumplimiento en tiempo, forma y presupuesto al pago de las prestaciones de transporte.
Que el Director del Programa Incluir Salud expresó públicamente que cada provincia fijaría el valor de esta prestación, lo que implica una absoluta violación a la ley 24.901.
Que el Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Que este es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional a través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.
Que si el transporte no funciona, la persona con discapacidad no tiene atención, rehabilitación, educación, no tiene vida concretamente, porque el 80 por ciento de los casos que está dentro de Incluir Salud son personas de bajo recursos y en situación de vulnerabilidad.
Que el apoyo a la población que sufre discapacidades físicas o mentales no es un privilegio sino una reparación en la que se aplica el criterio universal de la “discriminación positiva”.
Que ante la falta de transparencia en la implementación de esta medida, muchos transportistas han tomado la decisión de suspender los traslados, por lo que continuar con la misma sin tener medianamente claros los dispositivos de implementación constituía un grave atentado contra las Personas con Discapacidad beneficiarias del Programa y sugería la absoluta imprevisibilidad en el cobro de la prestación.
Que la medida lejos de mejorar la atención para las Personas con Discapacidad la coloca en una situación terminal, ya que al igual que el permanente atraso de las prestaciones en general, los pagos parciales en 2017 (descuentos del 20% en Agosto-Septiembre y octubre), debito del 40% de las prestaciones de transporte del mes de mayo 2018 y débitos indiscriminados no comunicados oportunamente en varias prestaciones a partir del mes de junio de 2018, claramente se enmarcan en un proceso cuyo único objetivo es el ajuste presupuestario.
Que en muchas regiones de nuestro país el acceso al transporte público por parte de las personas con discapacidad es escaso, ya que en la mayoría de los lugares no se cuentan con unidades adaptadas, ni la frecuencia de los mismos permite el traslado diario para concurrir a los servicios de atención. Sumado a ello, los que por el tipo y grado de discapacidad en ningún caso pueden trasladarse en trasporte público.
Que no se puede perder de vista que el transporte es un eslabón indispensable para la continuidad de la asistencia a la personas con discapacidad. La nueva modalidad de gestión creará una barrera de acceso a los servicios de educación y rehabilitación para los beneficiarios de Incluir Salud, que son las personas más desfavorecidas, los más vulnerables entre los vulnerables. Quitarles el acceso a los servicios es quitarles la única esperanza de inclusión social.
Que nadie que se proponga liderar políticas socio-sanitarias inclusivas puede desconocer que instalar una barrera de acceso a las prestaciones tendrá resultados muy negativos.
Que el reconocimiento y la protección del derecho a la salud surgen de diversas disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23.
Que la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la C.N., entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3º y 25 inc. 2º; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10 inc. 3º y 12; la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 4.1, 12.3 y 19, entre otros.-
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes, y que el derecho a la salud, que no es un derecho teórico sino que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social, penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en las semipúblicas (cfr. Fallos, 324:754, del voto de los Dres. Fayt y Belluscio; esta Corte, Tomo 112:451).
Que esta Corte ha dejado sentado que el reconocimiento del derecho a la salud no implica desconocer la existencia de eventuales conflictos de valores y de derechos -distribución de los recursos económicos destinados al área de salud y la protección integral de la salud en relación a los individuos-, pero resulta inevitable jerarquizar aquellos principios que priorizan la salud del ciudadano por sobre consideraciones de mercado (Tomo 111: 31). Dicho criterio se debe tener en cuenta para ampliar la cobertura de estadía y pasajes a un segundo acompañante, atendiendo también a la necesidad de asistencia permanente que requiere el menor, debido a las severas condiciones de su estado de salud y patología discapacitante.-
Que esta multiplicidad de instrumentos jurídicos que tutelan el derecho de la persona humana a la salud, no constituyen normas programáticas, sino operativas, tampoco resultan cuestiones dogmáticas. Son plenamente exigibles y deben obrar como una garantía frente al estado y a los particulares. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción…”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC. 2/1982 del 24-09-82).

SOS DISCRIMINACION INTERNACIONAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rechazar la Resolución 453/18 del organismo oficial que dispuso a partir del 1 de enero de 2019 la provincialización del transporte para discapacitados comprendidos en este plan nacional. Que la citada resolución contraviene el espíritu y es violatoria de la ley 24.901, la 23.592, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Artículo 2°.- Elevar ante las autoridades nacionales y provinciales un pedido de informes sobre las personas con discapacidad beneficiarias usuarios/as de la cobertura de transporte en el territorio provincial, y con qué fondos pensaron que las provincias pudieran afrontar estas obligaciones. Además, este pedido de informes necesita conocerr cuáles son los procedimientos administrativos que se pensaron a partir de la entrada en vigencia del traspaso a las provincias a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los/as beneficiarios/as. También deben informar cuantos discapacitados perderán sus derechos y a cuantos pesos asciende el ahorro del Estado Nacional con esta medida.
Artículo 3°.- Persuadimos a que desde el Estado se den todas las herramientas que favorezcan el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad, para que puedan ejercer una ciudadanía plena. En este sentido, es necesario también que el gobierno de información clara sobre la forma en que esta prestación se continuará garantizando para calmar el malestar que generan estas malas decisiones.
Artículo 4°.- Exhortamos, a los responsables provinciales que el Estado Nacional y Provincial deben garantizar el acceso a las prestaciones básicas de las personas con discapacidad nomenclador por la Ley 24.901.
Artículo 5°.- Repudiar esta medida que encubre un lado oscuro de la Resolución N° 453/18 firmada por el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad donde inexplicablemente recorta su propio presupuesto -perjudicando a su propia gestión y fundamentalmente a quienes debe defender- vaya uno a saber si fue con el solo objeto de cumplir una orden superior no explicitada o simplemente nos muestra un aspecto perverso de su personalidad.
Artículo 6°.- Accionar ante la Justicia, solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de las Provincias; a la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia; difundir en los medios masivos de comunicación el presente dictamen para conocimiento de la opinión pública.

Víctor Ramos, Presidente Dr. Pablo González Rojas, Secretario