Unión Europea: Un pacto migratorio común

Trabajando contrarreloj la Comisión Europea se propone revisar el marco del sistema
de migración vigente. Se suponía que el pacto se aprobaría en el primer trimestre
de 2020, no obstante, la Comisión anunció que el pacto se adoptaría en el segundo
trimestre. Esta revisión de la política europea de inmigración y asilo evidencia
las enormes divergencias y su propia disfuncionalidad; al tiempo que plantea un
interrogante apremiante sobre las políticas que resultan necesarias para abordar
adecuadamente el desplazamiento futuro de las poblaciones que huyen de la violencia.

El nuevo acuerdo requiere el consenso de los 27 países que se encuentran con visiones divergentes y divididas al respecto. Simultáneamente el Parlamento Europeo  promueve una revisión de las normas de asilo de la Unión Europea (UE) para garantizar una mayor solidaridad y un reparto más justo de la responsabilidad entre los países del bloque.
Este convenio se negocia en un contexto donde los países mediterráneos han cruzado imputaciones con otros miembros del bloque por la escasa solidaridad, y  renuencia a aceptar un cupo fijo sobre los miles de migrantes que llegan a lo largo de cada año. El Pacto de Dublín tiene estipulado que los solicitantes de asilo deben presentar una solicitud en el país de la UE donde llegan por primera vez.
Esta es la causa de la situación de desborde que sufren países como Malta, España, Italia o Grecia, receptores directos y responsables primarios de las fronteras exteriores. La situación genera enormes asimetrías ya que estos son los encargados de gestionar la tramitación y concesión de las solicitudes de asilo, poniéndolos en situación de conflicto con aquellos estados que presionan e influyen  por un mayor control de la inmigración irregular. Tal es el  caso  de los países del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) se oponen a las cuotas fijas del sistema de distribución.

En donde este asunto, en particular, ha causado repetidamente divisiones entre los países. Este grupo de estados se ha definido en una postura muy pronunciada y puntualizada sobre el tema. El enfoque del V4 enfrentó la política de puertas abiertas atribuida a Alemania, motivo por el cual los países de Europa central despertaron interés particular, como la expresión más visible de la deriva xenófoba y nacionalista en Europa; tomando como piedra angular la política de migración de oponerse al cierre de la frontera interna y suscitar la idea de crear un mini-Schengen.

La crisis migratoria iniciada en 2015 instituyó un contexto internacional en el que todas las partes, especialmente las  gubernamentales en la región, deberían haber reaccionado al problema independientemente de las posiciones de los partidos locales, ya que la ruta de los Balcanes Occidentales resultó ser una línea de migración masiva hacia la Unión Europea (UE), en la extenuante travesía de los refugiados.
Intentando mitigar la situación, recientemente Italia declaró una amnistía y legalizó a las trabajadoras domésticas migrantes no autorizadas, así como a las que trabajan en la agricultura y ayudan a las personas mayores. En sintonía Portugal anunció la legalización de la situación de los migrantes con documentos vencidos, equiparando a este grupo de población con los ciudadanos del país para que puedan recibir apoyo estatal, asistencia médica y beneficios durante los tiempos de crisis.
Varios intentos de reformar el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) han fracasado en los últimos años. Pero en este momento las expectativas y perspectivas son altas para Alemania, que ha asumido la causa de la reforma sobre la base de las propuestas de la Comisión de la Unión Europea (UE). Sin embargo, dadas las urgentes negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo y el Fondo de Recuperación, resulta poco probable que la Comisión presente su pacto migratorio en forma inmediata.
En este escenario tanto Grecia como Turquía han sido claves para la circulación de los solicitantes de asilo, refugiados, migrantes que buscan territorio europeo para una nueva vida, huyendo de la guerra, la persecución étnica y religiosa. Grecia se ha mostrado inflexible con aquellos que han intentado cruzar sin autorización y su guardia costera ha rechazado migrantes que se dirigían a sus islas.

Los recientes incidentes en la frontera entre Turquía y Grecia demuestran la necesidad de que la acción sobre el asilo y la migración deben estar respaldadas por los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad compartida de los estados.

En respuesta a estos hechos, recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) anunciaba el lanzamiento de una auditoría de cooperación de la Unión Europea (UE) con terceros países sobre el retorno y la readmisión de migrantes irregulares. La medida coincide con el plan de la Comisión para presentar el Nuevo Pacto sobre Asilo y Migración en septiembre.
Un caso particular es Turquía, el país de recepción más grande para los refugiados sirios, ofrece protección a más de 3,5 millones de personas que han huido del país vecino. El dispositivo que utiliza para los refugiados de la Unión Europea (UE)  apoya a los refugiados y las comunidades mediante la financiación de proyectos de educación y atención médica, así como proyectos que mejoran la infraestructura y desarrollan la economía.
Para reducir el número de inmigrantes ilegales en la peligrosa ruta del Mar Egeo y encontrar una solución para la afluencia de refugiados que se dirigen al bloque europeo, Turquía y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo en marzo de 2016.
Según el mismo, a Turquía se le prometió un total de 6 mil millones de euros en ayuda financiera, que inicialmente fue diseñada para ser entregada al país en dos etapas y para ser utilizada por el gobierno turco para financiar proyectos para refugiados sirios. A cambio de estas promesas, el estado asumió la responsabilidad de desalentar la migración irregular a través del Mar Egeo tomando medidas más estrictas contra los traficantes de personas y mejorando las condiciones de los refugiados sirios que viven en Turquía.
Mientras tanto, Berlín presentó sus propias ideas en su programa, que propone a las futuras solicitudes de asilo sean examinadas lo antes posible en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), como forma de diferenciar entre aquellas solicitudes que obviamente no tienen éxito. En caso de rechazo, la entrada debe ser rechazada y los migrantes deben recibir retroalimentación rápida.
La discusión crítica en curso sobre estas medidas es una de las razones por las que la Comisión tardó tanto en elaborar sus propias propuestas, según los círculos del Parlamento Europeo.
Para la nueva Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se debe proponer un acuerdo asentado sobre fronteras externas, tomando como pieza central la idea de reforzar la situación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Asimismo propone acordar el próximo presupuesto financiero plurianual que permita alcanzar un cuerpo permanente de 10,000 agentes y guardias, anteriores al objetivo actual de 2027,  esbozando  modernizar el sistema de asilo para transformarlo en un sistema común.

La falta de protección efectiva de los migrantes que cruzan el Mediterráneo, se inscribe en una combinación de factores como el repliegue de algunos países de sus funciones y sus responsabilidades de rescate, siendo evidente la reducción de las operaciones  y la búsqueda a cargo de los estados, a lo que se agrega  la implementación de medidas restrictivas. Como en los casos citados, los pasos fronterizos no pueden convertirse en áreas de de abusos y graves violaciones a los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo,  ya esto representa un retroceso en términos de seguridad jurídica y priva a los necesitados de los procedimientos  de refugio. En un marco de enormes  dificultades, los gobiernos deberían acatar el principio fundamental de no devolución. El  principio, sostiene que  los refugiados no deben ser rechazados en la frontera ni ser enviados a un territorio donde corran peligro de ser perseguidos o de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Por eso se deben incluir procedimientos para asegurar un monitoreo continuo y evaluaciones periódicas que permitan revisarlos en su ejecución.

Las políticas de asilo y migración deben dar respuesta y estar dirigidas hacia la defensa del acceso de las personas, en un marco de respeto pleno por los derechos humanos. Se espera que la propuesta pueda cubrir el vacío existente y  la falta de una política común de asilo de la Unión Europea (UE), ya que los intentos anteriores para llegar a un consenso sobre las cuotas obligatorias de refugiados han fracasado. Una oportunidad para que la estrategia migratoria sea racional y esté basada en los derechos.

Alvaro Fontana

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